Entre el peso de los votos y la cohesión del territorio: La batalla por el Pacto Fiscal y la reasignación de escaños en Bolivia

Resumen Ejecutivo

El debate contemporáneo sobre el Pacto Fiscal en Bolivia y la redistribución del poder político trasciende la mera ingeniería tributaria o el ajuste de circunscripciones electorales. Constituye un choque normativo e institucional entre visiones contrapuestas de justicia territorial. Este artículo analiza cómo la transición sociodemográfica —que concentra al 69% de la población en áreas urbanas— y el agotamiento de la renta hidrocarburífera condicionan la negociación de la «Agenda 50/50» y el rediseño de la geografía electoral postcensal.

DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y RESTRICCIÓN FISCALUrbanización Acelerada (69%) / Caída de Ingresos de Hidrocarburos (>50%)
ARENA DE NEGOCIACIÓN INSTITUCIONALConsejo Nacional de Autonomías (CNA) – Casa de la Libertad
EJE CENTRAL ACREEDORRegiones: Santa Cruz, La Paz, CochabambaEnfoque: Narrativa Demoliberal («1 Voto, 1 Ciudadano»)Demanda: Coparticipación 15% IVARecurso: Presión Urbana y Poblacional	PERIFERIA DEUDORARegiones: Chuquisaca, Potosí, Pando, Beni…Enfoque: Narrativa Compensatoria (Pisos Mínimos)Demanda: Fondo Solidario NBIRecurso: Paridad en Cámara de Senadores

1. Introducción y Estado de Situación

El proceso de reorganización de la hacienda pública y la representación parlamentaria en Bolivia ingresó a una fase decisiva tras la publicación de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda. El 15 de enero de 2025 se promulgó la Ley N° 1614 de Distribución de Escaños, modificando parcialmente la Cámara de Diputados al asignar un escaño adicional a Santa Cruz y restar uno a Chuquisaca, manteniendo inalterada la representación de las demás regiones, la paridad territorial fija del Senado y las 7 Circunscripciones Especiales Indígenas.

Paralelamente, el 5 de agosto de 2026, el Gobierno central y los nueve gobernadores del país suscribieron en Sucre el Acuerdo 001/2026 de la «Agenda 50/50». Este compromiso fija una hoja de ruta técnica para redactar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Se plantea elevar la participación subnacional del ~18% histórico al 50% de las recaudaciones nacionales para el término del periodo gubernamental.

En este escenario de reordenamiento estatal, fiscal y electoral, la investigación aborda la siguiente pregunta central de investigación:

¿De qué manera las concepciones en competencia sobre la justicia territorial (demoliberal, compensatoria e intercultural) condicionan las estrategias de coalición del Gobierno central y los gobiernos subnacionales en la negociación del Pacto Fiscal («Agenda 50/50») y la redistribución de la representación política postcensal?