Comerciantes y familias en Bogotá revisan sus gastos ante la incertidumbre sobre la reforma tributaria en Colombia.

Colombia: el IVA retrocede, pero el costo político no desaparece

La reforma tributaria en Colombia acaba de ofrecer una demostración de cómo el poder político puede modificar las reglas económicas incluso antes de que sean aprobadas. El 16 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno retiraría la propuesta de gravar con IVA productos de la canasta familiar y descartaría nuevas cargas de ese impuesto para el sector agropecuario. La decisión llegó después de las objeciones de partidos aliados, cuestionamientos de la oposición y una creciente controversia sobre los costos sociales del ajuste fiscal.

Lo relevante no es solamente que el Ejecutivo haya reconsiderado una medida. Es que la modificación de un componente central de su propuesta altera el equilibrio sobre el cual había sido diseñada la reforma. Si el Gobierno mantiene sus objetivos fiscales, los recursos que esperaba obtener mediante las disposiciones cuestionadas deberán compensarse mediante otras decisiones o mediante una revisión de sus metas. El problema pasa entonces de la aprobación de un impuesto a una disputa más amplia sobre quién asumirá los costos del ajuste.

La reforma tributaria en Colombia y el problema de distribuir los costos

El 29 de octubre de 2026, el Gobierno colombiano presentó al Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, identificado como 477 de 2026 en la Cámara de Representantes y 328 de 2026 en el Senado. La iniciativa reúne medidas de reducción del gasto público, modificaciones tributarias, incentivos a la inversión y mecanismos de protección para hogares de menores ingresos.

Su planteamiento parte de un diagnóstico gubernamental sobre el deterioro de las finanzas públicas y la necesidad de estabilizar la deuda. Para ello, propone combinar una reducción del tamaño operativo del Estado con cambios en la recaudación y estímulos a la actividad económica. Entre sus disposiciones iniciales figura la disminución gradual de la tarifa general del impuesto sobre la renta empresarial, desde el 35 % hasta el 33 % en 2027 y el 31 % a partir de 2028, junto con regímenes especiales para determinadas inversiones.

El proyecto también contempla modificaciones en las contribuciones vinculadas al empleo, la tributación de personas naturales y el tratamiento del IVA. Su diseño original pretendía combinar una ampliación de determinadas bases tributarias con un mecanismo de devolución del impuesto para hogares vulnerables, denominado EfectIVA.

Esta combinación expresa una tensión distributiva. El Gobierno busca mejorar las condiciones de inversión y reorganizar las obligaciones tributarias, pero necesita determinar qué sectores soportarán los costos del ajuste y cuáles recibirán sus beneficios.

Desde la economía política, ninguna de estas decisiones es neutral respecto de los intereses de los actores involucrados. Una reducción del impuesto corporativo puede resultar atractiva para determinadas empresas, mientras que una modificación de las cargas laborales puede afectar su estructura de costos. Una ampliación del IVA puede contribuir a los ingresos fiscales, pero también producir resistencia entre consumidores, productores y representantes políticos preocupados por sus efectos distributivos.

El conflicto no surge necesariamente porque los actores discrepen sobre la conveniencia de estabilizar las finanzas públicas. Puede aparecer porque, aun compartiendo ese objetivo, prefieren que el ajuste se realice mediante instrumentos distintos.

Esto explica por qué una reforma concebida como un conjunto coherente de medidas económicas puede comenzar a transformarse antes de su aprobación. Cada componente genera apoyos y resistencias diferentes, y la combinación originalmente propuesta por el Ejecutivo no garantiza que exista una coalición dispuesta a sostenerla íntegramente.

Cuando los aliados también tienen capacidad de veto

La controversia sobre la Ley de Rescate Económico permite observar un aspecto frecuentemente subestimado del funcionamiento de las coaliciones gubernamentales: respaldar a un presidente no implica aceptar automáticamente todas sus decisiones.

El Centro Democrático, una de las fuerzas políticas cercanas al Gobierno, manifestó objeciones a la ampliación del IVA sobre alimentos y otros productos básicos. También planteó alternativas relacionadas con la reducción del gasto, la simplificación tributaria y la reorganización de entidades públicas. Después de una reunión con representantes gubernamentales el 14 de noviembre, sus dirigentes reiteraron la necesidad de revisar determinados componentes de la propuesta.

Los cuestionamientos no procedieron exclusivamente de ese sector. Otros partidos de la coalición también expresaron reparos, mientras que el Pacto Histórico, desde la oposición, criticó los efectos distributivos del proyecto y convocó una movilización para el 19 de noviembre.

La coincidencia parcial entre actores políticamente enfrentados merece especial atención. No significa que compartan un mismo programa económico ni que persigan los mismos objetivos. Significa que distintas organizaciones encontraron razones propias para cuestionar una disposición específica.

Para los partidos próximos al Gobierno, respaldar un ajuste fiscal puede ser compatible con rechazar medidas que consideren políticamente costosas para sus electores o incompatibles con sus compromisos programáticos. Para la oposición, cuestionar la distribución de las cargas tributarias puede formar parte de una estrategia de fiscalización y confrontación con el Ejecutivo.

El resultado es una convergencia limitada alrededor de un rechazo concreto, aunque persistan desacuerdos profundos sobre las alternativas.

Desde la teoría de los actores de veto, el elemento decisivo es que quienes participan en una negociación pueden disponer de recursos institucionales suficientes para condicionar el resultado, incluso sin controlar individualmente la decisión final. En Colombia, la aprobación de una reforma tributaria requiere acuerdos legislativos, y el Ejecutivo necesita que esos acuerdos sean compatibles con los procedimientos y mayorías establecidos.

La capacidad de veto no equivale necesariamente a bloquear toda la reforma. También puede expresarse mediante la posibilidad de exigir modificaciones, retirar respaldos o elevar los costos políticos de mantener determinadas disposiciones.

El anuncio presidencial del 16 de noviembre ilustra precisamente este mecanismo. Antes de que se produjera una votación decisiva sobre el proyecto, la presión política contribuyó a modificar la posición pública del Gobierno respecto del IVA sobre la canasta familiar.

No es posible atribuir el cambio a un único actor. La decisión se produjo en un contexto de cuestionamientos legislativos, controversia pública y movilización anunciada por la oposición. Sin embargo, la secuencia de acontecimientos permite identificar un hecho institucional significativo: la negociación ya estaba alterando el contenido de la reforma antes de su resolución parlamentaria.

Esto no debe interpretarse automáticamente como una debilidad del sistema político. En una democracia representativa, el Congreso y los partidos cumplen funciones de deliberación, negociación y control. La cuestión relevante es si esa interacción permite mejorar las decisiones públicas y producir compromisos sostenibles, o si termina fragmentando una reforma hasta volver incompatibles sus objetivos y sus instrumentos.

La incertidumbre empresarial comienza antes de la nueva ley

Para las empresas, el caso colombiano demuestra que el riesgo regulatorio no aparece únicamente cuando se aprueba una norma que modifica las condiciones de operación. También puede surgir durante la negociación política que determina qué reglas llegarán a existir.

La propuesta original ofrece un ejemplo concreto. Una empresa podría considerar favorable una reducción gradual de la tarifa de renta, pero encontrar efectos diferentes en las modificaciones relacionadas con contribuciones laborales, tributación indirecta o requisitos para acceder a incentivos de inversión.

El impacto potencial depende del sector, del tamaño de la compañía, de su estructura de costos y de su relación con los mercados internos y externos. No existe, por tanto, un único efecto empresarial atribuible al proyecto.

La incertidumbre aumenta cuando las disposiciones se encuentran relacionadas entre sí. Si una medida destinada a generar ingresos es retirada, el Gobierno deberá examinar cómo preservar el equilibrio general de su estrategia. Las alternativas pueden incluir mayores reducciones del gasto, modificaciones de otros tributos, reasignación de recursos o cambios en las metas fiscales inicialmente planteadas.

Cada alternativa produce incentivos y consecuencias distintos.

Una mayor reducción del gasto público puede modificar las perspectivas de empresas que mantienen contratos con el Estado o dependen de determinados programas de inversión. Un cambio en otros impuestos puede redistribuir las cargas entre sectores económicos. Una revisión de los beneficios de inversión puede afectar las expectativas de proyectos que todavía no han sido ejecutados.

Estas posibilidades no deben confundirse con decisiones ya adoptadas. Representan las opciones políticas que podrían entrar en consideración si el Ejecutivo necesita compensar la eliminación de componentes de su propuesta original.

El presidente De la Espriella ha señalado que su administración estudia esfuerzos adicionales de reducción burocrática y alternativas relacionadas con activos públicos. También ha reconocido que esas opciones presentan restricciones de tiempo y disponibilidad de recursos. Esto revela que modificar una disposición tributaria no necesariamente elimina el problema fiscal que motivó su inclusión.

Para los responsables corporativos, el desafío consiste en distinguir entre el anuncio de una ventaja regulatoria y las condiciones políticas que permitirían convertirla en una regla estable.

Una empresa que evalúa ampliar operaciones necesita considerar no solamente la tarifa tributaria propuesta, sino también el calendario legislativo, los acuerdos necesarios, las modificaciones posibles y la capacidad administrativa de aplicar las disposiciones definitivas.

Desde una perspectiva liberal, esta distinción resulta particularmente importante. La seguridad jurídica no exige que las normas permanezcan inalterables ni impide que los gobiernos modifiquen su política económica. Exige, más bien, procedimientos previsibles, competencias reconocibles y claridad suficiente para que los actores puedan adaptar sus decisiones sin depender exclusivamente de expectativas políticas.

Una reforma tributaria aprobada mediante procedimientos transparentes, con reglas comprensibles y condiciones de implementación definidas, ofrece un entorno institucional diferente al de una reforma cuyas disposiciones permanecen sujetas a negociaciones inciertas o a interpretaciones administrativas cambiantes.

La calidad del marco regulatorio no puede evaluarse únicamente por el nivel de sus impuestos. También importa la estabilidad de las reglas, la forma en que se modifican y la capacidad del Estado para cumplir los compromisos que establece.

El costo que cambia de lugar

El retroceso sobre el IVA introduce un nuevo problema para el Gobierno colombiano: conservar la coherencia de su propuesta fiscal mientras negocia las condiciones políticas necesarias para aprobarla.

La dificultad no consiste solamente en obtener suficientes votos. También radica en mantener una relación viable entre ingresos, gastos, incentivos económicos y objetivos distributivos.

El proyecto original vinculaba instrumentos diferentes dentro de una estrategia conjunta. Al retirar uno de sus componentes controvertidos, aumenta la necesidad de precisar cómo se ajustarán los restantes. Si una modificación tributaria reduce ingresos previstos, el equilibrio fiscal dependerá de otras medidas o de una revisión explícita de las metas.

Desde la elección pública, aparece aquí un problema de incentivos. Los actores políticos pueden encontrar beneficios en respaldar objetivos generales, como reducir el déficit o estimular el crecimiento, pero enfrentar costos electorales cuando deben apoyar instrumentos específicos que afectan a sus bases sociales.

Esta diferencia ayuda a comprender por qué los acuerdos sobre diagnósticos no se traducen automáticamente en acuerdos sobre políticas.

También explica la importancia de las instituciones legislativas. Los procedimientos parlamentarios obligan a negociar disposiciones concretas, establecer responsabilidades y definir qué actores están dispuestos a respaldar el resultado.

La reunión convocada para el 17 de noviembre con los presidentes de las comisiones económicas, coordinadores y ponentes constituye un momento relevante de este proceso. Según la comunicación oficial, su finalidad es establecer lineamientos y escuchar posiciones sobre la iniciativa; no equivale por sí misma a una votación de aprobación.

A partir de esa instancia será importante observar si las objeciones se transforman en propuestas normativas, qué alternativas plantea el Gobierno y cómo se modifica la relación entre los objetivos fiscales y los instrumentos disponibles.

La oposición de determinados actores al IVA sobre alimentos ya ha tenido una consecuencia política verificable: el Ejecutivo anunció que dejará de impulsar esa parte de su propuesta. Pero todavía no existe evidencia suficiente para establecer qué nueva combinación de medidas obtendrá respaldo legislativo.

Una reforma que revela cómo se construyen las reglas

El caso colombiano muestra que las decisiones regulatorias no son productos exclusivamente técnicos que los gobiernos diseñan y los congresos simplemente aprueban. Son resultados de procesos políticos en los que intervienen instituciones, actores con diferentes intereses y mecanismos de negociación capaces de alterar las propuestas originales.

El anuncio del 16 de noviembre no resuelve la discusión sobre la Ley de Rescate Económico. Modifica una de sus controversias centrales y traslada parte del problema hacia la búsqueda de alternativas fiscales y acuerdos legislativos.

Para las empresas, la lección institucional es relevante: las condiciones futuras de inversión no pueden interpretarse únicamente a partir de las propuestas iniciales del Ejecutivo. Su estabilidad dependerá también del proceso que determine qué disposiciones sobreviven a la negociación y cómo serán implementadas.

Para el sector público, el desafío consiste en transformar objetivos fiscales y económicos en reglas viables, sin perder de vista los efectos distributivos ni las capacidades necesarias para ejecutarlas.

La negociación puede corregir problemas de diseño y ampliar la legitimidad de una reforma. Pero también puede alterar su equilibrio interno si las concesiones no están acompañadas por alternativas consistentes.

En Colombia, el rechazo al IVA sobre la canasta familiar ha permitido identificar dónde se concentraba uno de los costos políticos más visibles. Lo que todavía debe resolverse es cómo se distribuirán los costos de una estrategia fiscal que el Gobierno considera necesaria.

La regla propuesta puede retirarse. El problema de decidir quién asume el ajuste permanece.