Por: Equipo de Investigación POLITICLAB

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1. Introducción

El 5 de agosto de 2026, la Casa de la Libertad en Sucre fue escenario de un hito en las relaciones intergubernamentales de Bolivia: la suscripción del Acuerdo 001/2026 de la Agenda 50/50 entre el Presidente del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), y los gobernadores de los nueve departamentos. Este compromiso reabrió formalmente el debate sobre el régimen autonómico y la reestructuración de los ingresos fiscales, proceso que permanecía estancado operativamente desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley N.º 031) en 2010.

El acuerdo establece una ruta técnica para redactar la Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, orientada a aliviar el endeudamiento de las gobernaciones, redefinir el costeo de competencias sectoriales (salud, educación y desarrollo productivo) y posibilitar la aplicación progresiva de un nuevo esquema fiscal desde la gestión 2027. No obstante, comprender este evento exige trascender la narrativa del «pacto histórico». Desde la Ciencia Política, este acontecimiento plantea una interrogante central: ¿Cómo influyen los incentivos partidarios, la dependencia fiscal y las dinámicas de competencia intra-territorial en la cohesión y las estrategias de negociación de la coalición de gobernadores frente al Gobierno central?

La respuesta evidencia que el motor del Acuerdo 001/2026 no reside en una afinidad ideológico-partidaria ni en un proyecto territorial homogéneo, sino en un mecanismo de acción colectiva defensiva motivado por la asfixia fiscal compartida. Ante el agotamiento de la renta extractiva, las élites departamentales desplazaron la arena de negociación hacia un escenario ad hoc inter-ejecutivo para eludir la interferencia inmediata de la disciplina partidaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, la viabilidad de este pacto se encuentra seriamente condicionada por una densa red de jugadores de veto institucionales y corporativos que velan por los recursos de los municipios y de las autonomías sub-departamentales.

2. La reconfiguración del poder en un Estado unitario descentralizado

El núcleo politológico de la Agenda 50/50 excede la ingeniería financiera. Lo que está en juego es la distribución de la autoridad institucional y el reequilibrio de la soberanía fiscal en el Estado Plurinacional.

Desde la Constitución de 2009 y la Ley N.º 031 de 2010, Bolivia estructuró un modelo autonómico asimétrico. Mientras el nivel central retuvo la competencia privativa sobre el régimen tributario básico y el control del Tesoro General de la Nación (TGN), a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) se les transfirieron competencias de gestión sin una asignación equivalente de tributos propios de alta recaudación. Esta configuración derivó en un modelo de autonomía rentista, donde las gobernaciones pasaron a depender casi exclusivamente de las transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de las regalías petroleras.