Pacto fiscal en Bolivia ¿Quién paga por las autonomías?

Serie: Bolivia, la estabilidad en disputa | Entrega 5 de 5

Bolivia lleva años discutiendo cuánto poder debe permanecer en el Gobierno central y cuánto corresponde ejercer a sus departamentos y municipios. La disputa suele adquirir una expresión muy concreta: qué porcentaje de los ingresos públicos debe recibir cada nivel de gobierno. Sin embargo, detrás de los porcentajes existe una cuestión mucho más difícil de resolver. ¿Cómo distribuir el poder político cuando quienes deben prestar los servicios públicos no siempre controlan los recursos necesarios para financiarlos?

El pacto fiscal en Bolivia representa, en ese sentido, una negociación sobre algo más importante que el presupuesto. Se discute quién decide, quién paga, quién responde ante los ciudadanos y quién asume los costos cuando los recursos resultan insuficientes.

La Agenda 50/50, impulsada durante 2026, volvió a colocar estas preguntas en el centro de la política nacional. Su importancia no reside únicamente en las transferencias que puedan acordarse. El verdadero desafío consiste en determinar si Bolivia puede construir una relación entre sus niveles de gobierno capaz de producir cooperación, responsabilidad fiscal y decisiones previsibles.

Porque una autonomía puede estar reconocida constitucionalmente y, aun así, disponer de un margen limitado para decidir sobre las condiciones materiales de su propio funcionamiento.

El problema de tener competencias sin suficiente capacidad de decisión

La Constitución boliviana de 2009 reconoce la autonomía como una forma de organización territorial del poder. Su artículo 272 establece facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, además de la administración de recursos económicos por parte de los gobiernos autónomos.

El artículo 305 incorpora una disposición particularmente importante: toda asignación o transferencia de competencias debe estar acompañada de la definición de las fuentes de financiamiento necesarias para ejercerlas.

La lógica constitucional parece razonable. Si un gobierno recibe una responsabilidad, también debe disponer de condiciones para cumplirla.

Pero el reconocimiento de competencias no resuelve automáticamente cómo se financia su ejercicio cotidiano, quién decide sobre los gastos y qué ocurre cuando disminuyen los ingresos.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización N.º 031 organiza parte de esta relación. Los gobiernos municipales reciben coparticipación tributaria equivalente al 20% de la recaudación efectiva de determinados impuestos nacionales, mientras que las universidades públicas participan con otro 5%. Los departamentos cuentan con una estructura de ingresos diferente, en la que destacan regalías, participaciones en impuestos hidrocarburíferos y otras fuentes previstas legalmente.

Esta arquitectura produce capacidades fiscales distintas entre gobiernos que comparten responsabilidades dentro de un mismo Estado.

La diferencia no es menor. Una autoridad puede ser elegida democráticamente, asumir compromisos ante sus votantes y elaborar planes de gestión, pero encontrar que buena parte de sus posibilidades de actuación depende de ingresos determinados fuera de su jurisdicción.

No significa que carezca de autonomía. Significa que su autonomía política y su capacidad fiscal no necesariamente avanzan al mismo ritmo.

Cuando el dinero depende de decisiones tomadas en otro nivel

El problema tiene una dimensión cuantificable.

El estudio Panorama de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno en países de América Latina y el Caribe, publicado en 2026 por el BID y la CEPAL, muestra que, según su clasificación de las cuentas fiscales de 2024, las transferencias representaron aproximadamente el 57,6% de los ingresos de los gobiernos departamentales bolivianos y el 68,5% de los municipales.

El estudio clasifica los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) como transferencias para facilitar la comparación internacional, aunque su tratamiento en la contabilidad nacional es diferente.

Estas cifras describen una característica fundamental del sistema: una porción importante de los recursos administrados territorialmente depende de mecanismos de distribución definidos por reglas nacionales.

La dependencia de transferencias no constituye necesariamente una anomalía. Muchos sistemas descentralizados utilizan estos instrumentos para compensar desigualdades territoriales y garantizar servicios básicos.

La dificultad aparece cuando la disponibilidad de recursos, las responsabilidades de gasto y las decisiones políticas no están suficientemente coordinadas.

Consideremos el funcionamiento de un servicio de salud. El nivel central ejerce funciones de rectoría, mientras que departamentos y municipios intervienen en distintos niveles de atención, infraestructura, equipamiento y mantenimiento.

Si un establecimiento sanitario enfrenta problemas de funcionamiento, el ciudadano percibe una deficiencia del servicio público. Pero la responsabilidad puede estar distribuida entre distintas instituciones.

¿Quién debía financiar la solución? ¿Quién tenía facultades para decidir? ¿Qué autoridad pudo prevenir el problema?

Cuando esas respuestas no resultan claras, también se debilita la capacidad ciudadana para exigir rendición de cuentas.

El problema institucional no es simplemente que falte dinero. Es que la fragmentación de responsabilidades puede dificultar la identificación de quién debe responder por los resultados.

La Agenda 50/50 y los límites de una negociación distributiva

En agosto de 2026, el Gobierno nacional y los nueve gobernadores suscribieron el Acuerdo 001/2026, que puso en marcha la Agenda 50/50. Posteriormente, el Ejecutivo abrió negociaciones con los gobiernos municipales.

La iniciativa adquirió relevancia porque prometía revisar la distribución de ingresos, las competencias y el funcionamiento administrativo del régimen autonómico.

Sin embargo, las diferencias surgieron cuando los principios generales comenzaron a traducirse en porcentajes.

En septiembre, varias gobernaciones plantearon recibir el 15% de los impuestos nacionales coparticipables, con recursos provenientes de la participación administrada por el nivel central y sin afectar las asignaciones municipales y universitarias.

En noviembre, la propuesta gubernamental de asignar inicialmente un punto porcentual a las gobernaciones produjo respuestas divergentes. Algunas autoridades la consideraron un comienzo aceptable; otras cuestionaron su alcance.

Los municipios también reclamaron participar directamente en el diseño del nuevo pacto. El 9 de noviembre, alcaldes de ciudades capitales y de El Alto propusieron una redistribución progresiva hasta 2030, con una participación del 36% para municipios, 6,7% para gobernaciones y 7,3% para universidades, conservando el nivel central el 50%.

Las diferencias muestran algo relevante: aunque diversos actores coinciden en reclamar mayor autonomía fiscal, no necesariamente tienen las mismas preferencias respecto de cómo repartir los ingresos.

Tampoco existe una única interpretación operativa del 50/50. La consigna expresa una orientación política, pero todavía requiere precisar qué ingresos comprende, cómo se financiarían las responsabilidades y cuáles serían las reglas de transición.

El 19 de noviembre, el Ministerio de la Presidencia informó de un acuerdo técnico para impulsar una ley corta destinada a reasignar aproximadamente Bs 392 millones a entidades territoriales autónomas y universidades públicas, correspondientes a recursos de la gestión 2026 del Fondo de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.

Ese acuerdo constituye un avance negociador, pero, a la fecha de este análisis, el anteproyecto seguía en revisión ministerial. No debe confundirse el compromiso político de devolver recursos con su aprobación legislativa o su transferencia efectiva.

Aquí comienza la dimensión politológica más importante del debate.

Por qué todos pueden querer un pacto y, aun así, dificultar su construcción

Desde el institucionalismo de elección racional, las negociaciones fiscales pueden examinarse como interacciones entre actores que buscan mejorar sus resultados dentro de determinadas reglas.

El Gobierno central tiene incentivos para conservar recursos suficientes que le permitan sostener sus obligaciones, financiar políticas nacionales y preservar capacidad de respuesta ante problemas macroeconómicos.

Las gobernaciones, por su parte, buscan ampliar sus ingresos y reducir restricciones que limitan el ejercicio de competencias por las cuales deben responder políticamente.

Los municipios tienen una posición parcialmente diferente. Ya reciben coparticipación tributaria, pero enfrentan responsabilidades de prestación de servicios, obligaciones financieras y necesidades que varían considerablemente entre territorios.

Las universidades públicas, las autonomías indígena originario campesinas y otros actores territoriales también poseen intereses legítimos que deben incorporarse al diseño distributivo.

Ninguno de estos actores necesita comportarse irracionalmente para que la negociación encuentre obstáculos.

El problema surge porque una distribución que beneficia a un nivel de gobierno puede reducir la disponibilidad de recursos de otro, si no se generan ingresos adicionales o no se modifican simultáneamente las obligaciones.

Se produce así un conflicto distributivo: cada participante intenta mejorar su posición, pero el resultado colectivo depende de que todos acepten una combinación políticamente sostenible de beneficios y costos.

Existe, además, un problema de compromiso creíble.

El Gobierno central puede ofrecer mayores transferencias condicionadas a nuevas responsabilidades. Los gobiernos autónomos pueden aceptar discutirlas, pero necesitan garantías sobre su financiamiento futuro. A su vez, el nivel central puede exigir controles que eviten que las nuevas asignaciones generen obligaciones imposibles de sostener.

Si las reglas no ofrecen suficiente previsibilidad, cada actor tendrá incentivos para protegerse antes de comprometerse.

La negociación puede avanzar en declaraciones generales y detenerse cuando llega el momento de definir responsabilidades verificables.

El incentivo a transferir responsabilidades y conservar beneficios

Hay una segunda dificultad, menos visible que la disputa porcentual.

Cuando una institución decide sobre el financiamiento y otra ejecuta el servicio, pueden surgir problemas de coordinación y de información. Cada nivel conoce aspectos de su gestión que los demás no pueden observar completamente.

Esta situación tiene elementos de un problema de principal–agente, aunque la relación entre gobiernos constitucionalmente autónomos no equivale a una subordinación jerárquica simple.

También puede aparecer una restricción presupuestaria blanda: la expectativa de que, ante un déficit o la amenaza de interrupción de un servicio esencial, otra autoridad terminará proporcionando recursos extraordinarios.

Si esa expectativa se repite, puede debilitar los incentivos para planificar con prudencia.

Pero sería incorrecto atribuir automáticamente los problemas financieros de los gobiernos autónomos a una mala administración. Las caídas de ingresos, la rigidez de ciertos gastos, las obligaciones establecidas legalmente y los costos económicos externos también pueden provocar dificultades legítimas.

Por eso, una reforma necesita distinguir entre insuficiencia estructural de financiamiento, responsabilidades mal asignadas, ineficiencia administrativa y shocks que las autoridades locales no controlan.

Sin esa distinción, cualquier negociación corre el riesgo de convertirse en una sucesión de transferencias extraordinarias que alivian la presión inmediata sin modificar los incentivos que reproducen el problema.

La desigualdad territorial complica cualquier fórmula de reparto

Bolivia tampoco puede construir su pacto fiscal suponiendo que todos sus municipios y departamentos cuentan con las mismas condiciones.

El Censo de 2024 registró 11.365.333 habitantes, de los cuales el 69% residía en áreas urbanas y el 31% en zonas rurales.

El dato es relevante porque el sistema de coparticipación municipal utiliza la población como criterio fundamental de distribución.

Es razonable que los territorios con más habitantes reciban recursos para atender una mayor demanda de servicios. Pero una distribución exclusivamente poblacional puede resultar insuficiente cuando el costo de prestar esos servicios es diferente.

Proveer agua potable, atención sanitaria o infraestructura vial en una zona dispersa no necesariamente cuesta lo mismo, por habitante, que hacerlo en un centro urbano densamente poblado.

Tampoco todas las jurisdicciones poseen la misma capacidad de recaudar impuestos propios.

La modificación de la Ley N.º 154 de Clasificación y Definición de Impuestos, discutida durante 2026, podría ampliar las posibilidades tributarias de los gobiernos autónomos. Sin embargo, aumentar facultades recaudatorias no garantiza ingresos equivalentes en territorios con bases económicas distintas.

Una reforma que premie únicamente la recaudación podría favorecer a jurisdicciones económicamente más dinámicas. Una que se concentre exclusivamente en compensar necesidades podría ofrecer incentivos insuficientes para fortalecer el esfuerzo fiscal propio.

El desafío consiste en combinar criterios.

La población, las necesidades básicas insatisfechas, la capacidad fiscal, el esfuerzo recaudatorio, los costos de prestación y determinadas responsabilidades ambientales pueden formar parte de una fórmula más completa.

De hecho, algunos de estos criterios ya fueron planteados por el Servicio Estatal de Autonomías durante las negociaciones de octubre de 2026.

Su incorporación, sin embargo, exigiría indicadores verificables y reglas transparentes. De lo contrario, la negociación sobre porcentajes sería sustituida por otra disputa igualmente intensa sobre la manera de medir necesidades y reconocer derechos territoriales.

Qué tendría que cambiar para que el pacto sea sostenible

Un acuerdo políticamente atractivo puede resultar institucionalmente frágil si no establece mecanismos que permitan cumplirlo.

El primer requisito sería conocer cuánto cuesta ejercer efectivamente cada competencia. No basta identificar qué institución tiene una atribución legal. También debe determinarse qué obligaciones financieras implica, qué capacidad administrativa demanda y cuáles son las fuentes de ingresos disponibles.

El segundo consiste en establecer una distribución previsible. Las transferencias sujetas a reglas conocidas permiten planificar mejor que las negociaciones recurrentes para resolver urgencias presupuestarias.

El tercero es construir mecanismos de responsabilidad fiscal compatibles con la autonomía. Los gobiernos territoriales necesitan capacidad de decisión, pero también deben responder por sus prioridades, ejecución presupuestaria y resultados.

La rendición de cuentas no debería limitarse a verificar que un gasto se encuentre formalmente autorizado. Debe permitir conocer si los recursos mejoraron los servicios que justificaron su asignación.

Finalmente, toda reforma tendría que contemplar una transición gradual, con criterios de compensación para territorios vulnerables y mecanismos de revisión que no dependan exclusivamente de las relaciones políticas del momento.

Estas condiciones no garantizan que todos los actores queden satisfechos. Un pacto fiscal siempre distribuye beneficios, obligaciones y restricciones. Su viabilidad depende de hacer aceptables esos costos y suficientemente confiables los compromisos.

La estabilidad de Bolivia también se decide en sus territorios

El pacto fiscal no puede resolver por sí solo las dificultades económicas del país. Tampoco la descentralización constituye una garantía automática de mejor gobierno.

La concentración de recursos puede debilitar la capacidad de decisión territorial, pero una distribución mal diseñada también puede fragmentar responsabilidades, profundizar desigualdades o trasladar desequilibrios fiscales hacia las autonomías.

La cuestión decisiva es construir instituciones que permitan combinar autonomía política, capacidad financiera y responsabilidad pública.

Este problema conecta los principales desafíos examinados a lo largo de la serie.

Una estabilización económica que ignore la distribución territorial de sus costos puede encontrar resistencias difíciles de procesar. Una transformación productiva necesita condiciones institucionales que permitan aprovechar capacidades regionales. La gobernabilidad depende de reglas que hagan exigibles los compromisos y reduzcan la discrecionalidad. Y los conflictos sociales encuentran nuevos motivos de confrontación cuando las instituciones no ofrecen procedimientos confiables para distribuir recursos y responsabilidades.

No son problemas independientes. Las decisiones adoptadas en uno de estos ámbitos modifican los incentivos que operan en los demás.

Por eso, la discusión territorial ofrece una perspectiva especialmente útil para comprender la estabilidad boliviana: muestra que el problema no consiste únicamente en reunir recursos o alcanzar acuerdos políticos, sino en establecer reglas que permitan sostenerlos.

Bolivia puede aprobar nuevas fórmulas de coparticipación y continuar enfrentando dificultades semejantes si no resuelve quién debe hacer qué, con qué recursos y bajo qué mecanismos de responsabilidad.

La verdadera prueba del pacto fiscal no será, por tanto, el porcentaje finalmente anunciado, sino la capacidad de las instituciones para convertir ese acuerdo en servicios públicos sostenibles, cooperación entre niveles de gobierno y decisiones previsibles para los ciudadanos.

La estabilidad de Bolivia no dependerá solamente de cómo se distribuye el poder, sino de si quienes lo ejercen cuentan con incentivos y obligaciones suficientemente claros para responder por sus decisiones.


Este artículo cierra la serie «Bolivia: la estabilidad en disputa», de PoliticLab, dedicada al análisis institucional de los cinco desafíos estructurales que condicionan la estabilidad económica, social y política del país.

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