Estabilidad económica de Bolivia y el costo político

Bolivia: la estabilidad en disputa | Primera entrega

Recuperar el equilibrio de las cuentas públicas puede ser una tarea difícil. Conseguir que ese equilibrio se sostenga políticamente suele ser todavía más complicado. La estabilidad económica de Bolivia enfrenta precisamente ese desafío: las decisiones destinadas a corregir desequilibrios acumulados afectan intereses concretos, modifican las relaciones entre actores y obligan al Gobierno a negociar condiciones que no siempre resultan compatibles entre sí.

El gobierno de Rodrigo Paz ha impulsado un programa de estabilización respaldado por financiamiento internacional y orientado a reducir el déficit fiscal, recuperar reservas y restablecer condiciones de previsibilidad. Sin embargo, las decisiones económicas no se ejecutan en un espacio políticamente neutral. Cada modificación de precios, reducción del gasto o compromiso presupuestario altera los costos y beneficios que enfrentan distintos sectores.

La pregunta relevante no consiste únicamente en determinar si Bolivia necesita corregir sus desequilibrios. Consiste en comprender qué condiciones permitirían sostener esas correcciones cuando algunos de sus costos son inmediatos, mientras que los beneficios prometidos permanecen sujetos a incertidumbre.

El ajuste económico tiene destinatarios concretos

La estabilización suele presentarse como una operación de carácter técnico: reducir gastos, limitar el financiamiento monetario, corregir distorsiones de precios y fortalecer las reservas internacionales. Cada una de esas medidas puede explicarse mediante criterios económicos. Pero ninguna está libre de consecuencias distributivas.

Eliminar una subvención reduce una obligación fiscal, aunque también modifica los costos de quienes utilizan el producto subsidiado. Restringir el gasto puede mejorar las cuentas públicas, pero afecta a proveedores, trabajadores o beneficiarios de determinadas partidas. Cambiar el régimen cambiario altera las condiciones de importación, exportación, endeudamiento y formación de precios.

Los efectos no son uniformes. Tampoco lo es la capacidad de respuesta de los afectados.

Un transportista organizado puede negociar tarifas o compensaciones. Una empresa con capacidad de inversión puede postergar decisiones hasta recuperar certidumbre. Un trabajador informal, en cambio, dispone generalmente de menos recursos para protegerse de una pérdida de ingresos.

Aquí aparece una cuestión fundamental de economía política: los actores no negocian únicamente sobre la conveniencia de una reforma, sino sobre quién soportará sus costos y quién podrá protegerse de ellos.

Desde el institucionalismo de elección racional, esta situación permite explicar por qué una medida potencialmente beneficiosa para el conjunto de la economía puede enfrentar resistencias intensas. Los beneficios futuros de la estabilización son inciertos para cada individuo, mientras que algunos de sus costos se perciben de manera inmediata.

Además, aceptar sacrificios presentes exige confiar en que las autoridades cumplirán sus compromisos y en que otros sectores también asumirán una parte de los costos. Cuando esa confianza es débil, incluso una política económicamente justificable puede perder apoyo antes de producir sus resultados.

Un presupuesto, dos compromisos

El programa económico aprobado por el Fondo Monetario Internacional en octubre de 2026 establece una trayectoria de consolidación fiscal y contempla la eliminación de las subvenciones restantes a los combustibles desde enero de 2027, acompañada de medidas de protección social.

El memorando de políticas económicas también compromete al Gobierno a presentar y adoptar un presupuesto para 2027 compatible con un déficit del sector público no financiero no superior a Bs 36.800 millones.

Sin embargo, el proyecto presupuestario presentado a finales de octubre contempla, según las cifras difundidas durante su presentación, un déficit de aproximadamente Bs 38.590 millones y alrededor de Bs 11.000 millones destinados a subvenciones de combustibles.

La diferencia merece atención, aunque exige una interpretación cuidadosa.

Una previsión presupuestaria no representa necesariamente un gasto que terminará ejecutándose. Tampoco puede afirmarse que una discrepancia entre un proyecto y un compromiso internacional constituya automáticamente un incumplimiento. Las autoridades han señalado que el presupuesto incorpora obligaciones vigentes y que posteriormente pueden realizarse ajustes.

Aun así, la situación plantea un problema institucional.

El Gobierno necesita transmitir credibilidad a sus financiadores y, simultáneamente, mantener condiciones de aceptación política entre los sectores que podrían verse afectados por nuevas decisiones sobre combustibles.

Ambos objetivos no son incompatibles por definición. La dificultad reside en construir una secuencia de medidas que permita cumplir los compromisos fiscales sin provocar una pérdida de apoyos que termine haciendo inviable su ejecución.

La discusión presupuestaria también traslada parte del problema a la Asamblea Legislativa, donde las distintas fuerzas políticas pueden introducir modificaciones, exigir condiciones o utilizar la negociación fiscal para obtener acuerdos en otros ámbitos.

La estabilidad depende entonces de algo más que la voluntad del Ejecutivo: requiere coordinación entre instituciones cuyas preferencias y horizontes políticos no siempre coinciden.

La estabilidad económica de Bolivia también se negocia

La eliminación de la subvención al diésel en septiembre de 2026 ofrece un ejemplo concreto.

La medida provocó el rechazo de organizaciones del transporte y otros sectores que anticiparon incrementos en sus costos de funcionamiento. El Gobierno abrió negociaciones y YPFB alcanzó acuerdos con representantes del transporte de combustibles, primero mediante compensaciones transitorias y posteriormente mediante un mecanismo de ajuste de fletes.

En octubre, el acuerdo estableció que las tarifas del transporte de combustibles pudieran ajustarse cuando las variaciones del precio oficial del diésel superaran determinados límites. Se trataba de reducir la incertidumbre de los operadores y preservar la continuidad del abastecimiento.

La negociación muestra que un conflicto distributivo no tiene necesariamente que terminar en la suspensión de una reforma. También puede generar soluciones que permitan distribuir parte de sus costos.

Pero aparece una segunda cuestión.

Si el Estado negocia compensaciones principalmente con sectores capaces de interrumpir servicios estratégicos, otros actores pueden interpretar que la presión resulta más eficaz que los procedimientos institucionales ordinarios.

No significa que toda protesta responda a un cálculo oportunista. Los incrementos de costos pueden representar amenazas reales para la continuidad de actividades económicas y para los ingresos de quienes dependen de ellas.

El problema surge cuando las reglas para distribuir compensaciones son poco claras y las posibilidades de obtenerlas dependen excesivamente del poder de negociación de cada organización.

En esas condiciones, una solución razonable para un conflicto particular puede generar incentivos indeseados para conflictos futuros.

La diferencia entre una compensación institucionalizada y una concesión particularista resulta decisiva. La primera responde a criterios públicos, verificables y aplicables a situaciones equivalentes. La segunda depende en mayor medida de las circunstancias de cada negociación.

No necesariamente producen los mismos resultados económicos, distributivos ni políticos.

La dificultad de construir compromisos creíbles

El institucionalismo de elección racional permite avanzar un paso más.

Las instituciones no solo distribuyen atribuciones. También establecen expectativas sobre el comportamiento de los actores. Cuando las reglas son previsibles y existen mecanismos confiables para exigir su cumplimiento, la cooperación resulta menos arriesgada.

En cambio, cuando los compromisos pueden modificarse unilateralmente o las compensaciones dependen de negociaciones sucesivas, cada actor tiene incentivos para protegerse anticipadamente.

El Gobierno puede comprometerse a mantener una trayectoria fiscal determinada, pero enfrentar presiones para postergar medidas impopulares. Las organizaciones sociales pueden aceptar acuerdos temporales sin estar convencidas de su continuidad. Los legisladores pueden respaldar ciertas reformas mientras sean compatibles con sus intereses políticos y retirarles apoyo cuando cambien las circunstancias.

Estas conductas no requieren suponer que los participantes actúan de mala fe. Pueden ser respuestas racionales a un entorno de incertidumbre.

La consecuencia es un problema de compromisos creíbles: las partes encuentran dificultades para confiar en que las decisiones acordadas continuarán siendo respetadas cuando aparezcan nuevos costos.

La estabilidad económica de Bolivia necesita, por tanto, algo más que compromisos formales. Requiere reglas que permitan anticipar decisiones, verificar su cumplimiento y reducir la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los participantes.

Esto afecta particularmente a la política fiscal, porque sus resultados requieren continuidad durante varios ejercicios presupuestarios.

No basta con anunciar una reducción del déficit. Es necesario contar con reglas de ejecución, mecanismos de seguimiento y acuerdos suficientemente resistentes a las variaciones de la coyuntura política.

También importa la capacidad administrativa. Un Gobierno puede comprometerse a proteger a los hogares vulnerables y, sin embargo, carecer de información suficientemente precisa para identificar beneficiarios, distribuir ayudas oportunamente o evaluar sus resultados.

De ahí que la credibilidad institucional no pueda reducirse a la voluntad política. Requiere capacidades efectivas de implementación.

El dilema de las compensaciones sociales

La protección social constituye uno de los elementos más importantes de cualquier estrategia de estabilización.

Su relevancia no se limita a amortiguar los efectos económicos de un ajuste. También puede modificar los incentivos políticos de quienes inicialmente tendrían razones para rechazarlo.

Un hogar que recibe protección suficiente frente al aumento del costo de vida enfrenta una situación diferente de otro que debe asumir íntegramente esa pérdida. Una empresa que conoce las reglas de transición puede planificar mejor que otra expuesta a cambios inesperados.

Sin embargo, anunciar recursos sociales no equivale necesariamente a contar con una estrategia de compensación eficaz.

El proyecto presupuestario para 2027 contempla más de Bs 14.000 millones destinados a programas sociales. Pero para evaluar su relación con la estabilización debemos distinguir el financiamiento de prestaciones ya existentes de los recursos adicionales destinados específicamente a compensar las nuevas medidas económicas.

Importa también conocer quiénes reciben las ayudas, qué proporción de sus pérdidas cubren y durante cuánto tiempo pueden sostenerse fiscalmente.

Estas preguntas permiten diferenciar una protección social diseñada para facilitar una transición económica de una distribución de recursos dirigida principalmente a preservar apoyos políticos.

Ambas motivaciones pueden coexistir. Lo importante es identificar qué reglas permiten evitar que las compensaciones se conviertan en beneficios discrecionales difíciles de sostener.

La Asamblea y los límites de la voluntad gubernamental

La aprobación legislativa del financiamiento con el FMI demostró que las fuerzas políticas bolivianas pueden cooperar cuando existen incentivos suficientes para alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, autorizar financiamiento y respaldar las decisiones necesarias para cumplir un programa económico no son exactamente la misma negociación.

Una operación de crédito puede ofrecer beneficios relativamente visibles: disponibilidad de recursos, fortalecimiento de reservas o alivio de restricciones financieras. En cambio, determinadas reformas fiscales generan costos inmediatos sobre grupos identificables.

Esta diferencia modifica los incentivos de los legisladores.

Respaldar un crédito internacional y respaldar un incremento de precios no tiene necesariamente las mismas consecuencias políticas, incluso cuando ambas decisiones formen parte de una misma estrategia económica.

La discusión del Presupuesto 2027 pondrá a prueba esa capacidad de cooperación.

La Asamblea puede funcionar como un espacio institucional para revisar las medidas, negociar sus condiciones y exigir mecanismos de rendición de cuentas. Pero también puede convertirse en un escenario donde los acuerdos dependan de intercambios circunstanciales que dificulten la previsibilidad del programa.

No corresponde asumir anticipadamente ninguno de esos resultados.

La cuestión es identificar qué reglas y qué incentivos favorecen acuerdos sostenibles, particularmente cuando las decisiones afectan a sectores con distintos niveles de influencia y representación.

La estabilidad exige algo más que reducir el déficit

Bolivia enfrenta una restricción económica real. Ignorarla no elimina sus consecuencias. Pero tampoco sería suficiente corregir los indicadores fiscales si las reformas debilitan los mecanismos institucionales necesarios para sostenerlas.

La estabilidad económica de Bolivia no se decide exclusivamente en los indicadores macroeconómicos. También depende de la capacidad del sistema político para distribuir los costos de las decisiones públicas y sostener acuerdos entre actores con intereses diferentes.

El desafío consiste en compatibilizar tres condiciones: disciplina fiscal, distribución socialmente sostenible de los costos y compromisos institucionales que permitan mantener las decisiones durante el tiempo necesario.

La combinación es exigente.

Una consolidación demasiado lenta puede prolongar los desequilibrios. Una ejecución acelerada, sin protección suficiente, puede incrementar la conflictividad y provocar retrocesos. Las compensaciones negociadas de manera discrecional pueden facilitar acuerdos inmediatos, pero deteriorar la sostenibilidad fiscal o incentivar nuevas presiones.

No existe una solución automática. Precisamente por ello importan las instituciones.

El éxito de la estabilización no debería evaluarse únicamente por la reducción de la inflación o del déficit. También debe examinarse si las reglas creadas permiten reducir la incertidumbre, repartir costos de manera justificable, cumplir acuerdos y preservar la capacidad del sistema político para procesar desacuerdos.

La estabilidad económica de Bolivia se pondrá a prueba cuando sus actores deban sostener decisiones colectivas incluso en circunstancias en las que hacerlo resulte individualmente costoso.

Ese es el problema que conecta la economía con las instituciones y que permite comprender por qué estabilizar un país exige mucho más que equilibrar sus cuentas públicas.

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