Sanciones a Cuba: el poder de decidir a quién se sanciona
En materia de sanciones económicas, hay una diferencia que puede pasar inadvertida: no es lo mismo que un gobierno tenga la facultad de sancionar a determinadas empresas a que esas empresas ya estén sancionadas. La distinción parece jurídica, pero también es política. Entre una cosa y otra existe un margen de decisión que permite a la autoridad influir sobre las expectativas de quienes comercian, financian o transportan mercancías, aun cuando todavía no haya adoptado medidas contra ellos.
Las sanciones a Cuba ofrecen un ejemplo concreto. El 20 de noviembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) publicó dos aclaraciones relativas a las facultades que había extendido a varios sectores de la economía cubana el 5 de noviembre. La agencia precisó que incluir un sector entre los susceptibles de sanción no significa castigar automáticamente a todas las empresas que operan en él. También explicó por qué ciertas actividades previamente autorizadas podían seguir realizándose en puertos cubanos, incluido Mariel.
No se trató, por tanto, de una nueva ronda de sanciones. La novedad fue una explicación oficial acerca de hasta dónde llega una decisión anterior y cómo debe interpretarse. Esa precisión permite observar algo menos visible que los anuncios de política exterior: el poder que conserva una autoridad cuando puede elegir, dentro de un marco normativo, sobre quién ejercer una medida y sobre quién no.
Sanciones a Cuba: una facultad amplia no es una prohibición general
El punto de partida es la Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1 de mayo de 2026. Este instrumento creó un programa de sanciones adicional al régimen que Estados Unidos ya mantenía sobre Cuba. Entre otras disposiciones, permite adoptar medidas contra determinadas personas extranjeras cuando se cumplen los supuestos establecidos por la orden. La posibilidad de sancionar a actores vinculados con sectores identificados de la economía cubana forma parte de ese diseño.
El 5 de noviembre, OFAC identificó actividades manufactureras, tecnológicas, electrónicas y marítimas como sectores comprendidos en esa facultad. En términos sencillos, amplió el universo de actividades que pueden servir de base para una decisión individual posterior. Pero la identificación del sector no equivale a incluir de manera automática a cada participante en una lista de sancionados. Ese es precisamente uno de los límites que la agencia aclaró el día 20.
La diferencia merece atención porque separa dos decisiones de naturaleza distinta. Una es fijar la regla general: establecer las condiciones bajo las cuales el Estado puede actuar. Otra es aplicar esa regla a una persona o entidad específica. En la primera se define el alcance de la competencia; en la segunda se determina quién soportará sus consecuencias jurídicas. Presentar ambas decisiones como si fueran una sola haría parecer universal una medida que, según la propia explicación de OFAC, no opera así.
Existe, además, un segundo cuidado jurídico. El nuevo programa no reemplaza las restricciones que ya estaban vigentes bajo las Cuban Assets Control Regulations, contenidas en el título 31, parte 515, de la normativa federal estadounidense. Los dos marcos conviven. Por eso, saber que una empresa no ha sido designada bajo la nueva orden no basta para concluir que una operación determinada está permitida: puede estar sometida a prohibiciones o autorizaciones que provienen del régimen anterior.
No es un detalle menor para el análisis político. El poder estatal no se expresa solamente en una prohibición explícita; también aparece en la posibilidad de acumular instrumentos, delimitar sus destinatarios y establecer excepciones. Ese conjunto de reglas condiciona las opciones de los actores económicos antes incluso de que se conozca una nueva designación.
La capacidad de sancionar cambia los cálculos de quienes aún no han sido sancionados
Una empresa extranjera que participa en una de las actividades identificadas queda ante dos hechos simultáneos. Por un lado, OFAC ha dejado claro que pertenecer a ese sector no supone una sanción automática. Por otro, la autoridad conserva la atribución de examinar casos particulares y adoptar medidas cuando se reúnan los requisitos jurídicos. No hay, entonces, una prohibición colectiva; tampoco una garantía de que ninguna medida será adoptada en el futuro.
Ese espacio intermedio es políticamente relevante. Las organizaciones toman decisiones considerando no solo las reglas que se les aplican hoy, sino también las consecuencias previsibles de mantener ciertas relaciones comerciales. Si una empresa percibe que una operación podría exponerla a una eventual designación, puede revisar sus vínculos contractuales o reconsiderar determinadas contrapartes. No porque la sanción ya exista, sino porque el posible costo futuro entra en su cálculo.
Conviene ser precisos: esto describe un mecanismo de incentivos, no un comportamiento empresarial que ya esté demostrado en este caso. Las aclaraciones de noviembre no acreditan, por sí solas, que compañías latinoamericanas hayan suspendido contratos, cancelado operaciones o abandonado el mercado cubano. Para sostenerlo harían falta pruebas independientes sobre decisiones efectivamente tomadas.
La facultad de selección también tiene límites. OFAC no dispone de una libertad sin reglas: actúa dentro de las competencias y criterios establecidos por los instrumentos aplicables, y sus decisiones quedan sujetas a los procedimientos y controles jurídicos correspondientes. Sin embargo, dentro de ese marco, la posibilidad de decidir a quién aplicar una medida puede tener efectos sobre actores que todavía no han sido sancionados. En esa combinación de límites formales y capacidad de selección reside una parte importante de su influencia.
Cabe otra lectura del episodio. Tal vez las respuestas del 20 de noviembre pretendieran principalmente corregir interpretaciones excesivas que habían surgido entre operadores comerciales. Los documentos no permiten demostrar que Estados Unidos haya modificado su estrategia política hacia Cuba, ni que buscara deliberadamente producir una reacción empresarial concreta. Esa explicación administrativa es perfectamente compatible con los hechos conocidos.
Pero no le resta interés al caso. Una aclaración técnica puede modificar la información con la que los actores evalúan sus opciones. Incluso cuando no crea una regla nueva, establece públicamente cómo entiende la autoridad los alcances de una facultad que ya posee. Y esa interpretación también influye en la interacción entre reguladores y empresas.
Mariel y el sentido político de mantener una excepción
La segunda aclaración de OFAC resulta especialmente ilustrativa porque aborda actividades concretas en puertos cubanos. Tras la incorporación del sector marítimo, surgía una pregunta razonable: ¿qué ocurre con las operaciones que ya estaban autorizadas y que necesitan utilizar instalaciones portuarias de Cuba?
La respuesta de la agencia fue que la nueva determinación sectorial no impide, por sí misma, las actividades permitidas conforme a las autorizaciones vigentes. Entre los ejemplos figura el puerto de Mariel. Esto no convierte al puerto en un espacio libre de restricciones ni habilita cualquier transacción que pase por sus instalaciones. Significa algo más limitado: una actividad autorizada no se vuelve automáticamente prohibida por el solo hecho de que el sector marítimo haya sido identificado en noviembre.
La aclaración también contempla determinadas operaciones relacionadas con el suministro de productos agrícolas y alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, componentes de reemplazo y actualizaciones de software para esos dispositivos. Respecto de ciertas transacciones de personas extranjeras, OFAC comunicó su criterio de actuación bajo la Orden Ejecutiva 14404. Ese pronunciamiento no debe interpretarse como una autorización universal frente a todas las disposiciones estadounidenses que puedan resultar aplicables.
Aquí se aprecia una característica del poder regulatorio que rara vez ocupa el centro del debate público. Las autoridades no influyen únicamente cuando cierran una actividad. También lo hacen al decidir qué operaciones permanecen abiertas, bajo qué condiciones y con qué límites. Dos empresas vinculadas al mismo puerto pueden encontrarse ante obligaciones distintas según el tipo de mercancía, las contrapartes, la jurisdicción y las autorizaciones de cada transacción.
La Licencia General 1, publicada en mayo, ayuda a entender esa coexistencia de restricciones y permisos. Bajo las condiciones que establece, permite determinadas operaciones que de otro modo estarían prohibidas por la nueva orden cuando ya están autorizadas o exceptuadas conforme al régimen tradicional sobre Cuba. No amplía por sí misma el contenido de aquellas autorizaciones. Su función es evitar que la superposición de instrumentos cierre automáticamente actividades que el sistema anterior había permitido.
Para una empresa latinoamericana de transporte, logística o comercio de bienes autorizados, esta distinción puede ser importante. No porque todas esas empresas tengan necesariamente el mismo grado de exposición, sino porque el análisis de una operación requiere identificar la norma aplicable, las partes participantes y los permisos correspondientes. La inclusión de un sector en una determinación no responde por sí sola a todas esas preguntas.
La consecuencia institucional es clara: al precisar la frontera entre actividades potencialmente sancionables y operaciones que continúan permitidas, la autoridad condiciona los márgenes de acción de los operadores económicos. La consecuencia empresarial concreta, en cambio, sigue dependiendo de cada operación y de la aplicación efectiva de las reglas.
El alcance internacional de las sanciones depende también de su aplicación
La Orden Ejecutiva 14404 no se limita a contemplar situaciones dentro del territorio estadounidense. Incluye supuestos relativos a determinadas personas extranjeras y entidades financieras no estadounidenses. De ahí que las decisiones de OFAC puedan resultar relevantes para empresas latinoamericanas con relaciones comerciales o financieras vinculadas con Cuba, aunque la naturaleza de esa exposición varíe de un caso a otro.
Esa proyección internacional refleja una asimetría: Estados Unidos puede utilizar instrumentos jurídicos propios para influir sobre decisiones de actores situados fuera de sus fronteras. Sin embargo, sería excesivo concluir que una orden ejecutiva determina automáticamente la conducta de todas las empresas extranjeras. Importan las prohibiciones concretas, las autorizaciones disponibles, las contrapartes, los vínculos financieros y las alternativas de cada operador. También importan las decisiones de las autoridades cubanas, que conservan competencias sobre su economía y sus instalaciones portuarias aunque actúen bajo restricciones externas.
Desde esta perspectiva, la relación entre poder y cumplimiento no es lineal. Una norma puede ser amplia y aplicarse de forma selectiva. Una excepción puede permitir una operación y, al mismo tiempo, dejarla sujeta a otras restricciones. Una explicación administrativa puede reducir una interpretación equivocada sin eliminar la facultad de imponer sanciones futuras. Comprender esas diferencias es más útil que considerar toda ampliación sectorial como una prohibición absoluta o toda excepción como una flexibilización general.
Lo que todavía no sabemos es cómo reaccionarán las empresas concretamente expuestas. Los documentos del 20 de noviembre no demuestran que hayan aumentado las operaciones en Mariel, que determinados bancos hayan retomado pagos o que compañías de terceros países hayan alterado sus contratos. Esos serían hechos nuevos que habría que documentar. También será necesario observar futuras designaciones, cambios de licencias y nuevas orientaciones de OFAC para establecer cómo se utiliza, en la práctica, la facultad ampliada.
El caso deja así una conclusión que va más allá de Cuba. El poder de una autoridad regulatoria no se mide solo por las sanciones que ya impuso, sino también por las decisiones que puede adoptar y por la forma en que comunica sus límites. Las sanciones a Cuba muestran esa diferencia con particular nitidez: el Estado amplió una facultad sectorial y después precisó que su ejercicio no debía confundirse con una sanción colectiva. Entre la posibilidad jurídica y la medida efectiva se encuentra el terreno donde se forman los incentivos, se ajustan las estrategias y se define, caso por caso, el alcance real del poder.