La trampa del presidencialismo minoritario: incentivos institucionales y el naufragio de la Ley de Inversiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional

La parálisis legislativa del proyecto de Ley de Inversiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia constituye un caso emblemático de las disfunciones estructurales del presidencialismo minoritario en contextos de multipartidismo fragmentado. Presentada por el presidente Rodrigo Paz Pereira el 11 de agosto de 2026 como la pieza angular de su programa de reactivación económica y atracción de capitales, la iniciativa legal fue oficialmente postergada e inhabilitada para su tratamiento en la legislatura 2025-2026 en poco más de dos meses.

El estancamiento de esta norma no responde primordialmente a una desavenencia doctrinal sobre el papel del Estado en la economía, sino a un cálculo estratégico alimentado por el diseño de incentivos institucionales. Las facciones parlamentarias opositoras operan bajo una lógica donde cooperar con un Ejecutivo estructuralmente vulnerable genera costos políticos severos ante sus bases electorales y rendimientos exiguos en la distribución del poder real. La combinación de rigidez constitucional, fragmentación de la representación parlamentaria tras las elecciones generales de 2025 y el uso del bloqueo legislativo como instrumento de desgaste político atrapó al Gobierno en un callejón sin salida institucional, determinando el abandono del canal parlamentario como vía ordinaria de gobernabilidad.

1. Qué está en juego: la encrucijada del presidencialismo minoritario

Detrás de la discusión sobre la atracción de capitales se despliega una disputa de fondo sobre la gobernabilidad, la autoridad institucional y el margen de acción de un Ejecutivo con las debilidades propias de un presidencialismo minoritario. El proyecto enviado por el Gobierno, compuesto por 103 artículos y redactado por el Ministerio de Economía, buscaba reemplazar la Ley 516 de 2014 e introducir incentivos fiscales al IVA para bienes de capital, salvaguardias contra expropiaciones y la restitución del arbitraje internacional fuera del sector de hidrocarburos.

Sin embargo, lo que estaba políticamente en juego no era únicamente el régimen de incentivos para el capital extranjero, sino la distribución de cuotas de poder entre el Palacio de Gobierno y una Asamblea altamente fragmentada. El Presidente Rodrigo Paz optó por conformar un gabinete de perfil estrictamente técnico e independiente, declinando entablar un pacto de gobierno formal mediante la distribución de carteras ministeriales a las bancadas de oposición. Esta decisión eliminó los incentivos tradicionales de patrocinio que articulan coaliciones en presidencialismos fragmentados. Al no existir cuotas burocráticas negociadas, el conflicto derivó en un choque entre la potestad del Ejecutivo para fijar la agenda económica y la capacidad de la oposición para utilizar las facultades reglamentarias del Congreso como mecanismo de contención y desgaste.