Estado de derecho en Bolivia. Gobernar sin reglas confiables

Bolivia: la estabilidad en disputa | Tercera entrega

Una democracia puede tener elecciones competitivas, un Congreso que sesiona regularmente y una Constitución que distribuye las competencias del poder. Nada de eso garantiza, por sí mismo, que sus instituciones funcionen de manera previsible.

El Estado de derecho en Bolivia enfrenta precisamente esa contradicción. El país dispone de reglas constitucionales para organizar el poder, resolver controversias y controlar a las autoridades. Sin embargo, la aplicación de esas reglas ha sido objeto de disputas recurrentes, mientras las dificultades para renovar instituciones y sostener acuerdos políticos continúan condicionando la gobernabilidad.

El problema es especialmente relevante cuando el país necesita tomar decisiones económicas y sociales que requieren compromisos duraderos. Aprobar una ley puede resultar difícil; conseguir que sus disposiciones se respeten, sobrevivan a los cambios de gobierno y produzcan los resultados esperados constituye un desafío todavía mayor.

La pregunta de fondo no es si Bolivia necesita menos conflictos políticos. El desacuerdo forma parte de cualquier democracia. Lo que corresponde examinar es por qué determinados conflictos terminan debilitando los mecanismos institucionales que deberían permitir resolverlos.

Cuando las reglas existen, pero su aplicación está en disputa

Una de las funciones más importantes de las instituciones consiste en reducir la incertidumbre. Las reglas permiten que los actores políticos conozcan sus competencias, anticipen las consecuencias de sus decisiones y dispongan de procedimientos para resolver desacuerdos.

Esto no significa que las instituciones eliminen los conflictos de intereses. Un gobierno puede proponer una reforma que la oposición considere perjudicial. Los legisladores pueden rechazarla, modificarla o negociar condiciones diferentes. Mientras esas decisiones se procesen mediante procedimientos aceptados, el conflicto puede fortalecer la deliberación democrática.

La dificultad aparece cuando la controversia deja de referirse solamente al contenido de una decisión y alcanza a las instituciones encargadas de resolverla.

Entonces surge un problema adicional: los actores no solo disputan qué debe hacerse, sino quién tiene autoridad para decidir, qué procedimiento corresponde aplicar y si una resolución será respetada.

Desde el institucionalismo de elección racional, esta situación modifica las expectativas de comportamiento. Cuando el cumplimiento de las reglas resulta incierto, aumenta el valor estratégico de controlar los procedimientos, influir en su interpretación o retrasar decisiones.

La negociación deja de concentrarse exclusivamente en las políticas públicas y comienza a incorporar la disputa por las condiciones institucionales bajo las cuales esas políticas serán adoptadas.

La justicia constitucional y el problema de un árbitro incompleto

La experiencia de la renovación judicial boliviana permite observar este mecanismo.

La Constitución establece que las altas autoridades judiciales sean elegidas mediante sufragio universal, después de un procedimiento de preselección legislativa. Para el Tribunal Supremo de Justicia, el artículo 182 exige el respaldo de dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa en esa preselección.

El diseño busca combinar legitimidad democrática y participación institucional. Sin embargo, también introduce una dependencia: la renovación de las autoridades judiciales requiere previamente un acuerdo político suficientemente amplio.

Las dificultades para completar oportunamente ese procedimiento contribuyeron a la controversia sobre la continuidad de magistrados cuyos mandatos habían concluido. Las elecciones judiciales de diciembre de 2024 fueron parciales y dejaron sin renovación diversas magistraturas.

La prolongación de funciones de cinco integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, defendida mediante decisiones constitucionales y cuestionada por otros actores institucionales, se convirtió en una disputa sobre la legitimidad de las propias autoridades encargadas de interpretar la Constitución.

En noviembre de 2025 se dispuso el fin de esas prórrogas. Pero la salida de los magistrados cuestionados no resolvió automáticamente el problema de funcionamiento.

En noviembre de 2026, el Tribunal Constitucional continuaba integrado por cuatro magistrados electos, frente a los nueve correspondientes a su composición ordinaria. Persistían cinco vacantes y dificultades para ejercer plenamente determinadas competencias.

En septiembre, el magistrado Boris Arias había advertido que la institución acumulaba alrededor de 20.000 causas pendientes y enfrentaba restricciones para resolver algunos asuntos de control constitucional normativo.

La cuestión es políticamente significativa. No se trata solamente de una institución con una elevada carga procesal. Se trata de un tribunal cuya composición incompleta condiciona su capacidad para actuar como árbitro constitucional.

Cuando el órgano encargado de resolver controversias sobre las reglas necesita, a su vez, que otros actores políticos completen las condiciones de su funcionamiento, aparece una dependencia institucional particularmente delicada.

La Constitución puede establecer derechos y procedimientos, pero su eficacia exige autoridades capaces de interpretarlos y garantizar su cumplimiento.

La fragmentación política cambia el costo de gobernar

El segundo componente del problema se encuentra en la Asamblea Legislativa.

Las elecciones generales de 2025 modificaron la distribución del poder parlamentario. El Partido Demócrata Cristiano obtuvo 65 escaños entre diputados y senadores, convirtiéndose en la primera fuerza, pero sin alcanzar la mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras.

Libre obtuvo 51 escaños y Unidad, 33. Las demás representaciones completaron una Asamblea en la que ninguna organización podía controlar por sí sola todas las decisiones.

La fragmentación no constituye necesariamente una debilidad democrática. Puede ampliar la representación, obligar a negociar y evitar que una mayoría ocasional imponga decisiones sin deliberación.

No obstante, sus efectos dependen de las reglas de negociación y de los incentivos de los participantes.

El panorama se complicó durante 2026 con divisiones internas en las principales organizaciones políticas, incluido el oficialismo. Las afinidades electorales dejaron de traducirse automáticamente en comportamientos legislativos coordinados.

Esto tiene consecuencias prácticas. Para impulsar una reforma, el Ejecutivo necesita identificar interlocutores capaces de comprometer a sus bancadas, negociar beneficios y costos, y garantizar que los apoyos obtenidos se mantengan durante las sucesivas etapas del procedimiento.

Una promesa de respaldo parlamentario pierde valor cuando quien la formula no controla los votos que dice representar.

El primer año legislativo mostró algunas de estas dificultades. Según el informe oficial de la Cámara de Diputados del 6 de noviembre de 2026, se registraron 1.092 proyectos de ley en distintas etapas de tratamiento. El pleno aprobó 115; el informe también consignó 52 proyectos sancionados y 44 promulgados.

Estas cifras no constituyen, por sí solas, una medición de la calidad legislativa. Los proyectos tienen distinta importancia, complejidad y grado de maduración. Sin embargo, muestran la distancia entre el volumen de iniciativas presentadas y aquellas que completan sus procedimientos.

Entre las reformas estructurales pendientes figuraban cambios en la legislación de inversiones, hidrocarburos y minería.

Aquí aparece una distinción relevante: tener capacidad para aprobar decisiones puntuales no equivale a disponer de una coalición estable para transformar las reglas económicas e institucionales del país.

Por qué bloquear puede resultar más conveniente que cooperar

La teoría de elección racional ayuda a comprender esta dificultad sin reducirla a una supuesta falta de voluntad política.

Los legisladores y las organizaciones partidarias toman decisiones bajo restricciones. Necesitan conservar respaldo electoral, responder a intereses territoriales, mantener cohesión interna y evitar asumir costos que otros actores podrían aprovechar.

Consideremos una reforma institucional que promete beneficios generales en el futuro, pero exige concesiones inmediatas de diferentes fuerzas políticas.

El oficialismo necesita aprobarla para cumplir su programa. La oposición puede coincidir parcialmente con sus objetivos, pero teme que el gobierno concentre los beneficios políticos de una eventual mejora. Los grupos internos de cada partido, mientras tanto, pueden considerar que su posición negociadora será más favorable si demoran el acuerdo.

Si los beneficios aparecen después de varios años y los costos se pagan inmediatamente, los incentivos para postergar aumentan.

El problema puede agravarse cuando no existen mecanismos suficientemente confiables para garantizar compromisos recíprocos.

Un partido podría aceptar una reforma a cambio de participar en su implementación o de incorporar controles institucionales. Pero si teme que esas condiciones sean modificadas posteriormente, puede preferir conservar su capacidad de bloqueo.

El gobierno enfrenta un cálculo semejante: ofrecer concesiones pierde atractivo cuando no puede confiar en que sus interlocutores sostendrán el acuerdo.

Se configura así un problema de compromiso creíble. Incluso actores que reconocen la necesidad de una reforma pueden terminar rechazando una cooperación que, bajo otras condiciones, les resultaría beneficiosa.

No es necesario suponer que todos actúan de mala fe. Basta con que desconfíen de la capacidad de los demás para cumplir lo pactado.

Las instituciones deberían reducir esa desconfianza mediante procedimientos transparentes, controles efectivos y mecanismos imparciales de resolución de controversias.

Cuando esas garantías son débiles, cada negociación debe reconstruir una confianza que las reglas no consiguen proporcionar de manera estable.

Los acuerdos sí son posibles: lo que demuestra el caso electoral

Sería equivocado concluir que la fragmentación legislativa condena a Bolivia a la parálisis.

En diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa consiguió reunir más de dos tercios de los votos para designar a seis vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral. La renovación permitió dar continuidad institucional al órgano responsable de organizar los procesos electorales.

Ese acuerdo es relevante porque demuestra que actores políticamente enfrentados pueden cooperar incluso bajo reglas que exigen mayorías calificadas.

Desde una perspectiva institucional, el contraste merece atención.

La renovación electoral tenía un plazo definido y consecuencias inmediatas para la continuidad del organismo. Además, el riesgo de una interrupción institucional afectaba a distintas fuerzas políticas, no solamente al gobierno.

Estas condiciones pudieron facilitar el acuerdo: el costo de no decidir era visible, el resultado institucional estaba claramente delimitado y diferentes participantes tenían razones para preservar el funcionamiento electoral.

La experiencia no demuestra que cualquier negociación pueda replicar ese desenlace. Tampoco permite atribuir el resultado a un único incentivo.

Pero sí cuestiona la explicación según la cual los desacuerdos bolivianos se deben exclusivamente a la polarización ideológica.

La cooperación también depende de cómo se distribuyen los costos de no llegar a un acuerdo y de cuán verificable resulta el compromiso alcanzado.

Estado de derecho en Bolivia: La debilidad judicial también es un problema de capacidad estatal

El funcionamiento de la justicia no depende únicamente de la selección de magistrados.

En octubre de 2026, el World Justice Project situó a Bolivia en el puesto 130 de 143 países de su Índice de Estado de Derecho, con una puntuación de 0,37 sobre 1.

Este indicador reúne distintas dimensiones relacionadas con los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la aplicación de las normas y el funcionamiento de la justicia civil y penal. No permite atribuir todas las deficiencias a una misma causa, pero ofrece una referencia comparativa sobre la profundidad de las debilidades institucionales.

La precariedad judicial puede tener consecuencias económicas y sociales incluso cuando no intervienen conflictos entre dirigentes políticos.

Una empresa necesita resolver controversias contractuales. Un trabajador requiere mecanismos eficaces para defender sus derechos. Una comunidad puede enfrentar disputas por tierras, recursos o competencias públicas.

Cuando las decisiones judiciales son excesivamente lentas, inconsistentes o difíciles de ejecutar, aumenta el costo de hacer valer los derechos.

Los actores con mayores recursos pueden enfrentar mejor esos costos. Quienes disponen de menos información, tiempo o capacidad económica resultan especialmente vulnerables.

Por ello, la incertidumbre jurídica puede reproducir desigualdades.

También corresponde reconocer avances específicos. En octubre de 2026, el Tribunal Constitucional puso en funcionamiento un sistema digital de sorteo de causas destinado a mejorar la trazabilidad y transparencia de los procedimientos.

La medida no resuelve por sí sola las vacantes ni las controversias sobre competencias, pero ilustra una dimensión frecuentemente relegada: la calidad institucional también depende de procedimientos administrativos verificables, sistemas de información y capacidad de gestión.

Una reforma judicial sostenible debe ocuparse tanto de la independencia de quienes deciden como de las condiciones organizativas que permiten decidir oportunamente.

Reconstruir la confianza exige modificar los incentivos

La tentación habitual ante una crisis de gobernabilidad consiste en pedir grandes acuerdos políticos.

El problema es que los acuerdos generales suelen fracasar cuando no existen condiciones para traducirlos en obligaciones precisas.

La experiencia boliviana sugiere que una agenda de reconstrucción institucional necesitaría, en primer lugar, reducir la incertidumbre sobre la conformación de los órganos judiciales.

Completar las magistraturas pendientes exigiría procedimientos públicos de selección, criterios de mérito verificables y compromisos legislativos que no dependan exclusivamente de intercambios partidarios.

También sería necesario fortalecer la previsibilidad de la negociación parlamentaria. Una agenda legislativa con prioridades definidas, información técnica accesible y procedimientos claros de deliberación puede disminuir los costos de alcanzar acuerdos.

Esto no elimina el derecho de la oposición a rechazar propuestas ni obliga a los partidos a renunciar a sus diferencias. Permite, más bien, distinguir los desacuerdos sobre políticas públicas de las disputas sobre las reglas utilizadas para resolverlos.

En la justicia, los avances deberían evaluarse mediante resultados observables: tiempos de resolución, ejecución de sentencias, transparencia en la asignación de causas, independencia funcional y posibilidades reales de acceso para los ciudadanos.

La composición de las autoridades importa, pero también importa lo que las instituciones son capaces de hacer una vez constituidas.

Existe, además, una condición política esencial. Las reformas deben ofrecer garantías aceptables tanto para quienes ejercen el gobierno como para quienes podrían ejercerlo en el futuro.

Una regla diseñada únicamente para favorecer al vencedor del momento difícilmente será percibida como una garantía estable por sus adversarios.

El desafío consiste en construir instituciones que los actores estén dispuestos a respetar incluso cuando sus decisiones resulten contrarias a sus intereses inmediatos.

La estabilidad comienza donde termina la discrecionalidad

Bolivia enfrenta problemas económicos que requieren inversiones, decisiones fiscales, transformaciones productivas y acuerdos sociales. Ninguna de esas tareas puede separarse completamente de la calidad de sus instituciones.

La fragmentación política eleva los costos de negociación. La debilidad judicial reduce la confianza en el cumplimiento de los compromisos. Y la combinación de ambas puede hacer que los actores privilegien estrategias de corto plazo frente a decisiones cuyos beneficios dependen de una cooperación sostenida.

Sin embargo, esa relación no es inevitable. Los acuerdos alcanzados para preservar la continuidad electoral muestran que existen circunstancias en las cuales la cooperación resulta políticamente racional.

La cuestión decisiva es cómo convertir esas circunstancias excepcionales en procedimientos ordinarios de funcionamiento institucional.

La estabilidad democrática no exige eliminar los desacuerdos. Requiere que gobernantes, legisladores y ciudadanos puedan procesarlos sin poner permanentemente en discusión la autoridad de las reglas.

Porque el problema de gobernar sin reglas confiables no consiste solamente en que las decisiones se vuelvan difíciles. Consiste en que incluso las decisiones acertadas pueden perder eficacia cuando nadie tiene suficientes garantías de que serán respetadas.

Esta dificultad conecta directamente con el siguiente desafío de la serie: los mecanismos de negociación social. Cuando los procedimientos institucionales no ofrecen respuestas oportunas o compromisos verificables, la presión externa puede convertirse en una alternativa más atractiva que la negociación ordinaria.

Publicaciones Similares