Cuando negociar resulta más difícil que bloquear: conflictividad social en Bolivia
Bolivia: la estabilidad en disputa | Cuarta entrega
Conflictividad social en Bolivia: el costo de negociar tarde
En Bolivia, un conflicto puede permanecer durante semanas fuera de la atención gubernamental y convertirse, de pronto, en una prioridad nacional cuando se interrumpe una carretera. Una demanda que no encontraba respuesta adquiere urgencia; autoridades y dirigentes se reúnen, aparecen propuestas y comienza una negociación que probablemente habría sido menos costosa antes de la movilización.
La contradicción merece atención. Si los actores pueden dialogar, ¿por qué tantas veces terminan haciéndolo después de una medida de presión? ¿Qué hace que la interrupción de una actividad económica o de una vía de comunicación parezca una estrategia más eficaz que recurrir a los mecanismos ordinarios de negociación?
La conflictividad social en Bolivia no puede explicarse únicamente por el descontento económico, la radicalidad de determinadas organizaciones o los errores de un gobierno. Es necesario examinar las reglas, los incentivos y las experiencias que llevan a diferentes actores a considerar que el conflicto puede proporcionarles una capacidad de negociación que no poseen en condiciones normales.
El problema es estructural: cuando la presión disruptiva se convierte en un mecanismo recurrente para obtener atención o influir en las decisiones públicas, la gobernabilidad comienza a depender de la capacidad de administrar crisis, en lugar de la capacidad institucional para prevenirlas.
Conflictividad social en Bolivia. Cuando la presión sustituye al diálogo
Los datos permiten dimensionar el problema. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 841 hechos de conflictividad social. Entre las medidas de presión contabilizadas figuraron 180 bloqueos de vías, además de marchas, paros y otras formas de movilización.
La situación continuó durante 2026. De acuerdo con los registros del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana de la Defensoría, entre enero y septiembre se identificaron 590 eventos de conflictividad: 478 conflictos activos y 112 anuncios. El bloqueo volvió a destacar entre las medidas más recurrentes, con 170 registros.
Estas cifras no demuestran, por sí mismas, que bloquear produzca mejores resultados que negociar. Tampoco permiten establecer cuántos conflictos fueron resueltos satisfactoriamente. Sin embargo, muestran la persistencia de un repertorio de presión que ocupa un lugar importante en las relaciones entre autoridades y organizaciones sociales.
Las movilizaciones de mayo y junio de 2026 llevaron esta dinámica a una escala particularmente grave. El ciclo de bloqueos se prolongó durante 53 días y afectó la circulación, el abastecimiento y distintas actividades productivas.
Posteriormente, la Defensoría recogió las percepciones de 933 participantes, pertenecientes a 167 sectores sociales, mediante círculos de diálogo. Entre los problemas identificados aparecieron el incumplimiento de compromisos, la exclusión de determinados sectores de los espacios de representación y la insuficiente consulta en las decisiones públicas.
Esas percepciones no constituyen una medición representativa de toda la sociedad boliviana. Su importancia reside en que permiten identificar una dimensión adicional del conflicto: la desconfianza respecto de los mecanismos mediante los cuales se toman decisiones y se cumplen los compromisos.
Cuando esa desconfianza se instala, convocar una mesa de diálogo puede resultar insuficiente. Los participantes necesitan creer que negociar tendrá consecuencias verificables.
El bloqueo como recurso de poder
El institucionalismo de elección racional permite examinar este comportamiento sin reducirlo a una supuesta inclinación cultural hacia la confrontación.
Los actores eligen estrategias dentro de un conjunto de reglas y restricciones. No necesitan contar con información perfecta ni actuar exclusivamente por interés económico. Basta con que evalúen, a partir de sus experiencias y expectativas, qué procedimientos ofrecen mayores probabilidades de alcanzar sus objetivos.
Imaginemos una organización de transportistas que reclama una solución a un problema de abastecimiento. Puede presentar solicitudes formales, buscar reuniones, organizar una marcha o interrumpir temporalmente una carretera. Cada alternativa tiene costos diferentes y una capacidad desigual para atraer la atención de quienes deben decidir.
Si las solicitudes ordinarias tienen escasas posibilidades de obtener una respuesta oportuna, mientras que una interrupción vial eleva inmediatamente el costo político y económico de no atender el reclamo, la organización dispone de razones estratégicas para considerar esta última alternativa.
El mecanismo opera mediante una secuencia reconocible.
Primero, existe una demanda que no encuentra una respuesta considerada suficiente. Segundo, la organización necesita demostrar que puede coordinar a sus integrantes y sostener una acción colectiva. Tercero, la medida de presión traslada parte del costo del conflicto a terceros, incrementando la urgencia de una respuesta institucional. Finalmente, las autoridades deben decidir si negocian, resisten, modifican la política cuestionada o recurren a mecanismos legales para restablecer el funcionamiento de los servicios y las vías.
La presión no garantiza una concesión. Puede fracasar, fragmentar a una organización o generar rechazo social. Sin embargo, cuando los actores creen que aumenta sus posibilidades de ser escuchados, adquiere valor como estrategia de negociación.
Aquí aparece una distinción importante: no todos los actores poseen poder de veto institucional, pero algunos pueden adquirir capacidad de bloqueo mediante el control temporal de recursos estratégicos.
Una organización no necesita contar con representación parlamentaria para alterar el cálculo político del Gobierno. Su capacidad para interrumpir una ruta, paralizar un servicio o afectar una actividad económica puede proporcionarle influencia. Ese poder no es equivalente a un veto jurídico, pero sí puede modificar las condiciones bajo las cuales se negocia.
La representación también produce incentivos para confrontar
La conflictividad boliviana presenta otra dificultad: quienes participan en una negociación no necesariamente representan intereses homogéneos.
En una organización sindical, campesina, vecinal o de trabajadores independientes pueden coexistir preferencias diferentes. Algunos integrantes necesitan una solución inmediata; otros pueden aceptar una negociación prolongada. Unos priorizan compensaciones económicas, mientras otros consideran indispensable preservar conquistas institucionales, identidades colectivas o espacios de influencia política.
La dirigencia debe negociar con las autoridades y, simultáneamente, conservar la confianza de sus propias bases.
Se configura así un problema de principal–agente. Los miembros delegan en sus representantes la defensa de determinados intereses, pero no siempre pueden observar plenamente las negociaciones ni comprobar si una concesión responde a limitaciones reales o a decisiones discrecionales de sus dirigentes.
En estas condiciones, un acuerdo moderado podría interpretarse como una solución responsable o como una renuncia injustificada. La diferencia depende de la información disponible, de las expectativas previas y de la confianza interna.
Por ello, una posición firme puede tener beneficios reputacionales para determinados dirigentes. Incluso cuando existe espacio para negociar, aceptar tempranamente una propuesta puede resultar políticamente más costoso que mantener la movilización.
La propia fragmentación de las organizaciones dificulta la construcción de compromisos duraderos. Un acuerdo con una dirigencia no garantiza necesariamente la aceptación de todas las bases, y una solución para una organización puede incentivar nuevas demandas de otra.
Esta dificultad quedó ilustrada en noviembre de 2026, durante las controversias sobre la descentralización de institutos técnicos y tecnológicos. La Defensoría del Pueblo informó sobre un acuerdo de cuatro puntos con representantes del magisterio rural, mientras que las conversaciones con la dirigencia del magisterio urbano continuaban sin alcanzar un consenso efectivo.
La diferencia no demuestra que uno de los sectores actuara de manera más racional que el otro. Revela que las organizaciones disponen de preferencias, restricciones internas y capacidades de negociación que no deben confundirse.
La informalidad y los límites de la intermediación institucional
La informalidad laboral introduce una dificultad adicional.
Un estudio de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), publicado en 2026 con información de la Encuesta Continua de Empleo, estimó que el 86,8 % de la población ocupada tenía empleo informal en 2024, según la definición utilizada en ese documento.
El dato no significa que todos esos trabajadores carezcan de organización, ni que la informalidad genere necesariamente conflictividad. Tampoco debe confundirse empleo informal con pertenencia al sector informal: son conceptos estadísticos distintos.
Su relevancia política se encuentra en otro lugar.
Cuando una proporción elevada de la población obtiene ingresos mediante actividades con protección laboral limitada o vínculos institucionales débiles, los mecanismos tradicionales de representación y negociación pueden resultar insuficientes para abarcar la diversidad de intereses existentes.
Un trabajador asalariado formal puede disponer de determinados canales sindicales y procedimientos laborales. Un comerciante por cuenta propia, un transportista independiente o un pequeño productor enfrenta condiciones distintas. Sus posibilidades de interlocución dependen, en numerosos casos, de asociaciones sectoriales, federaciones territoriales u otras formas de organización colectiva.
Estas organizaciones pueden cumplir funciones indispensables de representación. Pero también pueden convertirse en intermediarios que concentran la capacidad de ejercer presión y negociar determinados beneficios.
Surge entonces una cuestión de diseño institucional: ¿cómo representar intereses diversos sin convertir la capacidad de paralizar actividades en el principal criterio para acceder a la negociación?
El riesgo aparece cuando las autoridades privilegian sistemáticamente la interlocución con los actores capaces de generar mayores costos inmediatos, dejando en una posición secundaria a sectores menos organizados o con menor capacidad de movilización.
Si esa práctica se reproduce, el acceso a la atención pública puede depender menos de la legitimidad o urgencia de una demanda que de la capacidad organizativa para interrumpir el funcionamiento ordinario de la economía.
La negociación que llega después de la crisis
El problema no se agota en las estrategias de las organizaciones. También intervienen los incentivos de quienes gobiernan.
Una autoridad puede preferir postergar una negociación difícil, especialmente cuando atender una demanda implica distribuir recursos escasos, enfrentar la resistencia de otros sectores o asumir costos políticos inmediatos.
Mientras el conflicto permanezca contenido, la postergación puede parecer una alternativa conveniente. Sin embargo, cuando la presión aumenta y genera consecuencias visibles, el cálculo cambia. La autoridad tiene nuevos incentivos para buscar una solución rápida, incluso si esa solución no modifica las causas del problema.
Aquí se forma una posible trampa institucional.
Las organizaciones observan que la respuesta gubernamental se vuelve más urgente después de la movilización. Las autoridades, por su parte, pueden aprender que resulta políticamente menos costoso gestionar las demandas cuando alcanzan cierta intensidad que abrir negociaciones anticipadas con numerosos sectores.
Si ambas expectativas se consolidan, el conflicto deja de ser una excepción y puede convertirse en una etapa previsible de la negociación.
El resultado se asemeja a un equilibrio institucional poco eficiente: cada actor adopta una estrategia que considera razonable dadas las decisiones esperadas de los demás, aunque el resultado conjunto sea socialmente costoso.
No se necesita suponer que los participantes desean perjudicar al país. Es suficiente con reconocer que los incentivos individuales y organizativos pueden producir consecuencias colectivas desfavorables.
La dificultad se agrava cuando los acuerdos carecen de mecanismos verificables de cumplimiento.
Firmar un compromiso puede desactivar una protesta inmediata, pero no equivale a resolver el conflicto. Una promesa sin presupuesto, responsables definidos, plazos realistas o mecanismos de seguimiento puede generar nuevas frustraciones.
La Fundación UNIR Bolivia, en su análisis sobre la conflictividad del primer semestre de 2026, identificó precisamente el incumplimiento de acuerdos y la acumulación de demandas como factores relevantes para explorar posibles escenarios de nueva confrontación.
Desde la teoría de la elección racional, el problema es de compromisos creíbles. Si ninguna parte puede confiar razonablemente en el cumplimiento de lo pactado, el valor de la negociación disminuye. La presión permanece disponible como mecanismo para intentar garantizar resultados.
El costo se distribuye entre quienes no negocian
Uno de los aspectos más problemáticos del bloqueo es que sus costos no recaen exclusivamente sobre quienes participan en el conflicto.
Transportistas que no intervienen en la protesta, pequeños comerciantes, productores, pacientes, estudiantes y familias pueden experimentar consecuencias directas de una interrupción prolongada.
La crisis de mayo y junio de 2026 mostró la gravedad que pueden alcanzar esas afectaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y oxígeno medicinal, además de fallecimientos y situaciones de violencia cuya investigación correspondía a las autoridades competentes.
Pero esta realidad exige una distinción jurídica y política.
La protesta pacífica es un derecho fundamental, no una concesión gubernamental. Cumple una función democrática, especialmente cuando existen sectores que consideran insuficientes sus mecanismos de representación.
Al mismo tiempo, su ejercicio debe coexistir con otros derechos. La CIDH ha señalado que los bloqueos prolongados pueden provocar afectaciones graves cuando impiden el acceso a servicios esenciales, y que la actuación estatal debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El dilema no consiste, por tanto, en elegir entre permitir cualquier interrupción o prohibir la protesta. Consiste en proteger el derecho al disenso y los derechos de terceros mediante reglas claras, aplicación proporcionada de la ley y mecanismos efectivos de negociación.
La estabilidad democrática no se mide por la ausencia de manifestaciones. Se mide, entre otras cosas, por la capacidad de procesar desacuerdos sin convertir el daño a terceros en un instrumento habitual de negociación.
¿Qué podría cambiar los incentivos?
Una respuesta exclusivamente coercitiva puede restablecer temporalmente la circulación sin resolver las demandas que alimentan la conflictividad. Pero una política que responda únicamente a las medidas más disruptivas también puede reforzar el incentivo a utilizarlas.
Por eso, la salida institucional debe modificar las expectativas de los actores.
La primera condición es que las demandas puedan ingresar a procedimientos de negociación antes de alcanzar una situación crítica. No basta con anunciar disponibilidad para dialogar. Deben existir interlocutores reconocibles, plazos de respuesta, información suficiente y criterios transparentes para determinar qué cuestiones pueden ser negociadas y cuáles enfrentan restricciones legales o presupuestarias.
La segunda condición es hacer verificables los compromisos. Un acuerdo debería distinguir decisiones ya adoptadas, medidas sujetas a financiamiento, responsabilidades de cada institución y fechas de evaluación. Publicar su estado de cumplimiento permitiría reducir las asimetrías de información y fortalecer la capacidad de las organizaciones para supervisar a sus propios dirigentes.
La tercera es ampliar la intermediación. Si los canales institucionales incluyen a sectores con limitada capacidad de movilización, el acceso a las decisiones públicas dependerá menos de la fuerza de presión que cada organización pueda ejercer.
También importa la capacidad de implementación. Un compromiso suscrito por una autoridad que carece de competencias, recursos o respaldo institucional difícilmente producirá resultados sostenibles.
La experiencia reciente muestra que la negociación no es imposible. La Defensoría del Pueblo ha facilitado acuerdos en distintos conflictos, incluidos casos territoriales y sectoriales. El desafío es lograr que esos mecanismos funcionen de manera preventiva y que los compromisos puedan sostenerse después de que disminuya la presión.
Esto exige reconocer una restricción: no todas las demandas son simultáneamente compatibles y no todo desacuerdo tiene una solución que satisfaga por completo a las partes.
Una negociación institucional seria debe permitir que los actores conozcan esas limitaciones y participen en decisiones sobre prioridades, distribución de costos y condiciones de cumplimiento.
La estabilidad empieza antes del bloqueo
Bolivia no necesita eliminar el conflicto social para alcanzar estabilidad. Una democracia contiene intereses enfrentados, desigualdades, demandas territoriales y desacuerdos legítimos sobre las políticas públicas.
Lo que sí necesita es evitar que la capacidad de producir una crisis se transforme en la principal fuente de influencia sobre las decisiones del Estado.
Cuando negociar anticipadamente ofrece menos resultados esperados que ejercer presión, los actores pueden adoptar estrategias que terminan debilitando a las instituciones de las que dependen. Y cuando las autoridades responden principalmente a la urgencia de cada conflicto, disminuye su capacidad para construir políticas sostenibles.
El problema central no es únicamente la frecuencia de los bloqueos. Es la relación que se establece entre representación, credibilidad, negociación y cumplimiento.
Por eso, un pacto social no puede reducirse a una fotografía de dirigentes firmando compromisos. Su verdadero contenido está en las reglas que determinan quién participa, cómo se distribuyen los costos, quién garantiza lo acordado y qué ocurre cuando alguna de las partes incumple.
La cuestión que queda abierta conduce a otro desafío estructural de Bolivia: si los conflictos ya resultan difíciles de procesar entre el Gobierno central y las organizaciones sociales, la distribución territorial de recursos y competencias añade nuevos actores, intereses y posibilidades de bloqueo.
En definitiva, la estabilidad no depende de conseguir que todos estén de acuerdo, sino de construir instituciones en las que negociar sea una estrategia más confiable y eficaz que paralizar.